Red Fiscal

Reformas al Código Fiscal de la Federación 2014

 

Finalmente el pasado 9 de diciembre de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Código Fiscal de la Federación para 2014. Los legisladores efectuaron modificaciones a la propuesta original del Ejecutivo, aunque en esencia se aceptaron la mayoría de las propuestas, de la iniciativa presidencial, que en su momento le comunicamos. A continuación le mostramos un resumen de los cambios aplicables para el 2014.

 

Inscripción en el RFC y domicilio fiscal de cuentahabientes

 

Se ha detectado que personas físicas que realizan depósitos en efectivo, en moneda nacional o extranjera, en cuentas que tienen a su nombre en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, no obstante que dichos depósitos provienen de operaciones susceptibles de ser sujetas al pago de contribuciones, no cumplen con su obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

 

Asimismo, existen personas que obtienen ingresos por intereses, derivados de depósitos efectuados en las cuentas antes citadas, que tampoco cumplen con la obligación de solicitar su inscripción en el RFC.

 

Por tal motivo se establecen medidas para llevar a cabo la inscripción de estos contribuyentes, estableciendo la obligación de inscribirse al RFC a las personas que hayan abierto una cuenta a su nombre en las entidades del sistema financiero o en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, en las que reciban depósitos o realicen operaciones susceptibles de ser sujetas de contribuciones.

 

Se establece como supuesto el domicilio fiscal señalado por los particulares como usuarios de las entidades  financieras  o de las sociedades  cooperativas  de ahorro y préstamo,  a efecto de dotar de instrumentos a la autoridad fiscal para el cumplimiento de sus fines  y  facilitar  la  ubicación  de  contribuyentes  no  localizados,  con  la  precisión formulada  de  que  se  tome  éste  como  última  opción,  es  decir,  cuando  los contribuyentes no hayan señalado domicilio o se tengan como no localizados en el que señalaron.

 

Clave del RFC con base en la CURP

 

La autoridad fiscal, para el mejor ejercicio de sus facultades y las de asistencia al contribuyente, podrá generar la clave de RFC con base en la información de la Clave Única de Registro de Población (CURP) a fin de facilitar la inscripción a dicho Registro.

 

Gestión de Firma Electrónica Avanzada (FIEL)

 

La autoridad fiscal establecerá, mediante reglas de carácter general, supuestos para que una persona física pueda tramitar su firma electrónica avanzada a través de un apoderado o representante legal, cuando sea materialmente imposible la actuación directa de los contribuyentes interesados, como es el caso de los incapaces y menores de edad; los mexicanos que residen en el extranjero; las personas que han sido declaradas desaparecidas o ausentes judicialmente; los condenados a penas privativas de libertad, o personas enfermas que se encuentren hospitalizadas, entre otros.

 

Ello porque con la disposición vigente en el 2013 no se permite la representación para que una persona física tramite dicha firma, lo que ha impedido a muchas de ellas, imposibilitadas por diversos motivos, efectuar el trámite en mención, lo que genera que no cumplan con sus obligaciones fiscales, por ejemplo la expedición de comprobantes fiscales en donde se requiere contar con sello digital vinculado con la firma electrónica avanzada.

 

Certificados de sellos o firmas digitales sin efectos

 

A efecto de combatir conductas de contribuyentes defraudadores se adiciona la fracción X al artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación (CFF), con el fin de dejar sin efectos los certificados de sellos o firmas digitales, y de esa forma evitar la emisión de comprobantes fiscales, por parte de los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes:

 

1. Omitan en un mismo ejercicio fiscal, estando obligados a ello, la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.

 

2. Desaparezcan del domicilio o no lo localicen durante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.

 

3. En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento; o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

 

4. Si las autoridades fiscales, aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detectan la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del CFF y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado

 

Los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el certificado de sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para subsanar las irregularidades detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, a fin de obtener un nuevo certificado. La autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la solicitud correspondiente.

 

Buzón Tributario

 

Las personas físicas y morales inscritas en el RFC tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del SAT, a través del cual:

 

1. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido.

 

2. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal.

 

Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario deberán consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso electrónico enviado por el SAT mediante los mecanismos de comunicación que el contribuyente elija de entre los que se den a conocer mediante reglas de carácter general. La autoridad enviará por única ocasión, mediante el mecanismo elegido, un aviso de confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de éste.

 

Se establece como delito fiscal el hecho de que se modifique, destruya o se provoque la pérdida de la información que contenga dicho buzón, con el objeto de obtener indebidamente un beneficio propio o para terceras personas en perjuicio al fisco federal o bien, se ingrese de manera no autorizada a dicho sistema a efecto de obtener información de terceros para uso indebido del mismo.

 

Es importante señalar que el uso del buzón tributario entrará en vigor a partir del 30 de junio de 2014, únicamente para las personas morales, y para las personas físicas, a partir del 1 de enero de 2015.

 

Pago de contribuciones con tarjeta de crédito o débito

 

Se reforma el artículo 20 del CFF, a efecto de precisar que las tarjetas de crédito y de débito constituyen un medio adicional de pago de las contribuciones. Lo anterior, en atención a que con la operación vigente de esos medios de pago electrónicos, se tiende a disminuir el uso del efectivo.

 

Requerimientos en materia de devoluciones por medios electrónicos

 

Debido a la utilización de manera general de medios electrónicos, los requerimientos en materia de devoluciones se formularán por la autoridad fiscal en documento digital que se notificará al contribuyente a través del buzón tributario, el cual deberá atenderse por los contribuyentes mediante este medio de comunicación.

 

Responsabilidad Solidaria de los socios o accionistas

 

Se precisa la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas, mediante la reforma a la fracción X del artículo 26 del CFF, estableciendo que dicha responsabilidad se calculará multiplicando el porcentaje de participación que haya tenido el socio o accionista en el capital social suscrito al momento de la causación, por la contribución omitida, en la parte que no se logre cubrir con los bienes de la empresa, y se precisa también que tal responsabilidad únicamente será aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad, describiendo los casos en que se considera que se tiene control de una sociedad.

 

Por otra parte, se incorpora al artículo 26 del CFF, como responsables solidarios con los contribuyentes, a la figura de albacea o representante de una sucesión, en virtud de que dichas personas son las encargadas de cumplir con las obligaciones de aquéllos cuyos bienes administran o en su nombre actúan o representan, por las contribuciones que se causaron o se debieron pagar durante el período de su encargo.

 

Reducción del plazo para presentar el aviso de cambio de domicilio

 

Se modifica el plazo para la presentación del aviso de cambio de domicilio, para que en lugar de que se realice dentro del mes siguiente al día en el que tenga lugar dicho cambio, se efectúe dentro de los diez días siguientes.

 

Se establece que el aviso de cambio de domicilio no surtirá efecto alguno si el contribuyente no es localizado en el domicilio que proporcionó o si éste es ficticio, lo cual se podrá hacer del conocimiento del contribuyente a través del buzón tributario, a efecto de que las autoridades fiscales puedan ejercer sus atribuciones en el domicilio anterior o bien donde se localice al contribuyente.

 

Contabilidad por Internet a través de sistemas informáticos

 

Se precisan cuáles son los elementos que integran la contabilidad y la forma de llevar cada uno de ellos.

 

Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del SAT, de conformidad con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto.

 

Se elimina la posibilidad de llevar contabilidad mediante los sistemas manual o mecanizado.

 

Obligación del uso del comprobante fiscal digital por Internet

 

Se amplía a todas las operaciones que realizan los contribuyentes el uso de los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), a efecto de emplearlos también para las retenciones de contribuciones que efectúen, con el propósito de contar con toda la información a través de estos medios y estar en posibilidad de eliminar en breve tiempo la obligación de presentar declaraciones informativas de retenciones y de expedir constancias.

 

Se derogan los artículos 29-B, 29-C y 29-D por lo cual la opción de emitir comprobantes a través de dispositivos de seguridad (con código de barras bidimensional), por medio de estados de cuenta bancarios y simplificados ya no aplicaría para el 2014.

 

En el caso de las devoluciones, descuentos y bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberán expedir comprobantes fiscales digitales por Internet.

 

Los contribuyentes podrán comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por Internet que reciban consultando en la página de Internet del SAT si el número de folio que ampara el CFDI fue autorizado al emisor y si al momento  de  la emisión del comprobante fiscal digital, el certificado que ampare el sello digital se encontraba vigente y registrado en dicho órgano desconcentrado.

 

La autoridad mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios, a través de proveedores de servicios o con los medios electrónicos que en dichas reglas determine. De igual forma, a través de las citadas reglas podrá establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte de mercancías. 

 

CFDI´s que se emitan por retenciones de contribuciones

 

Los comprobantes fiscales digitales por Internet que se generen para efectos de amparar la retención de contribuciones deberán contener los requisitos que determine el SAT Tributaria mediante reglas de carácter general.

 

Opción de dictaminar estados financieros

 

La propuesta original del Ejecutivo consideraba eliminar totalmente la obligación para determinados contribuyentes de dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado. Finalmente se quito la obligatoriedad y se deja la opción de dictaminar a las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $100,000,000.00, que el valor de su activo determinado en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT, sea superior a $79,000,000.00 o que por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior

 

Los contribuyentes que ejerzan la opción de dictaminar, tendrán por cumplida la obligación de presentar la declaración informativa sobre su situación fiscal a que se refiere el artículo 32-H del CFF mismo que se adiciono para el 2014.

 

Se elimina la presentación de la declaratoria formulada por contador público tratándose de solicitudes de devolución de saldos a favor de IVA.

 

Información sobre operaciones de impacto fiscal

 

Se adiciona el artículo 31-A el cual establece que los contribuyentes deberán presentar la información de las operaciones que se señalen en la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales, dentro de los treinta días siguientes a aquél en el que se celebraron.

 

Cuando los contribuyentes presenten la información de forma incompleta o con errores, tendrán un plazo de treinta días contado a partir de la notificación de la autoridad, para complementar o corregir la información presentada.

 

Se considerará incumplida la obligación fiscal señalada, cuando los contribuyentes, una vez transcurrido el plazo de treinta días, no hayan presentado la información conducente o ésta se presente con errores.

 

Solicitud de información relacionada con cuentas, créditos y préstamos

 

A fin de ampliar la esfera de acción del SAT se propone precisar que podrá solicitar, además de la que actualmente puede tener acceso, directamente a las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información que requiere relacionada con cuentas, créditos o préstamos otorgados a personas físicas y morales, en los términos que soliciten las autoridades fiscales.

 

Lo anterior, debido a que se tiene evidencia de que algunos contribuyentes han utilizado las figuras del crédito o préstamo para eludir el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo.

 

Obligación de recabar información de los cuentahabientes

 

Se establecen dentro de las obligaciones de las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, obtener el nombre, denominación o razón social, nacionalidad, residencia, fecha y lugar de nacimiento,  domicilio, clave del RFC o su número de identificación fiscal tratándose de residentes en el extranjero, y, en su caso, CURP de sus cuentahabientes.

 

Los datos citados anteriormente se deberán incluir en las declaraciones y avisos que presenten a la autoridad fiscal, cuando así lo requieran, así como las claves del RFC de sus cuentahabientes, validadas o proporcionadas por el SAT, en sus estados de cuenta.

 

Las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, deberán verificar con el SAT que sus cuentahabientes se encuentren inscritos en el RFC.

 

Medidas de apremio, embargo precautorio e inmovilización de cuentas bancarias

 

Se modifica el artículo 40 del CFF a fin de establecer el orden de prelación a observarse en la aplicación de las medidas de apremio por parte de las autoridades fiscales. Asimismo, se adiciona el artículo 40-A para prever la regulación a la que debe sujetarse el aseguramiento precautorio, estableciendo entre otras cosas, causales para su aplicación tales como la existencia de una determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que la autoridad fiscal realice únicamente para tales efectos; el procedimiento a observarse durante el mismo; un orden de prelación de los bienes susceptibles a asegurarse, y que el levantamiento del aseguramiento se realice una vez que haya cesado la resistencia del contribuyente, y se tenga por concluido el ejercicio de las facultades de las autoridades, o bien cuando el contribuyente obtenga la suspensión del acto por autoridad judicial.

 

Se establece como supuesto de excepción que cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales, derivado de que los contribuyentes o los responsables solidarios no sean localizables en su domicilio fiscal; desocupen o abandonen el domicilio sin presentar el aviso correspondiente; hayan desaparecido o se ignore su domicilio, las autoridades fiscales puedan emplear directamente como medida de apremio el aseguramiento precautorio de los depósitos bancarios, otros depósitos e incluso componentes de inversión de seguros del contribuyente. Lo anterior, considerando que al ser sujetos de los que se desconoce su localización, existe alta probabilidad que también se desconozca o se ignore la ubicación de sus bienes, por lo que es conveniente practicar dicha medida de apremio como única alternativa para vencer la resistencia del contribuyente.

 

Asimismo, se establece que en la práctica de visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública, cuando éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el RFC o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares, se imponga como medida de apremio el aseguramiento de dichos bienes, considerando que en estos casos no es posible efectuar una determinación provisional de adeudos fiscales presuntos y que tampoco sería posible permitir la enajenación de dichos bienes.

 

Revisiones electrónicas

 

Bajo el esquema de fiscalización electrónica la autoridad realizará la notificación, requerirá y recibirá la documentación e información del contribuyente; así mismo, efectuará la revisión y notificará el resultado, todo por medio del buzón tributario.

 

Las autoridades estarán facultadas para practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones.

 

Ejercicio de Facultades de comprobación

 

Con la implementación del procedimiento para las revisiones electrónicas, se establecen en el Código Fiscal de la Federación las reglas para que la autoridad pueda ejercer sus facultades sobre conceptos no revisados anteriormente, así como la condición para que los revise nuevamente con hechos diferentes, al igual que para emitir la determinación de contribuciones que de ellos deriven, tal como actualmente se establece para las revisiones de gabinete y visitas domiciliarias tradicionales.

 

Por tal motivo se adiciona el artículo 53-C, a fin de concentrar esta regulación, precisando su alcance para que regule las revisiones electrónicas y las resoluciones que de ella deriven.

 

Determinación presuntiva de la utilidad fiscal

 

Se incorporan dos figuras jurídicas en materia de determinación presuntiva, que consisten en la facultad de las autoridades fiscales para: (i) determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes a que se refiere la Ley del ISR, aplicando a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente, un coeficiente que se determina atendiendo a la naturaleza de ciertas actividades y, (ii) modificar la utilidad o la pérdida fiscal a que se refiere la citada Ley, mediante la determinación presuntiva del precio en que los contribuyentes adquieran o enajenen bienes, así como el monto de la contraprestación en el caso de operaciones distintas de enajenación.

 

Cabe señalar que dichas figuras jurídicas se encuentran hasta el 2013 reguladas en la Ley del ISR, por lo que se únicamente se integran en un solo ordenamiento las disposiciones que regulan las facultades de las autoridades fiscales en materia de determinación presuntiva. Por tanto se adicionan los artículos 58 y 58-A al CFF.

 

Facilidades para la autocorrección

 

Se incluyen medidas que facilitan la autocorrección de los contribuyentes durante cualquier etapa dentro del ejercicio de facultades de comprobación, al ofrecer opciones factibles de regularización de su situación fiscal. Los contribuyentes podrán acceder al pago a plazos de acuerdo a su capacidad de pago, cuando el 40% del monto del adeudo a corregir informado por la autoridad durante el ejercicio de las facultades de comprobación represente más de la utilidad fiscal del último ejercicio fiscal en que haya tenido utilidad fiscal, a fin de no afectar su actividad económica.

 

Por tal motivo, se reforma el artículo 66, para dar la posibilidad a la autoridad fiscal de modificar las condiciones o plazos de pago, en los casos que así lo ameriten y conforme el propio contribuyente lo solicite, estableciendo el procedimiento para ello, a fin de garantizar de esta forma el cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva y la viabilidad financiera de los contribuyentes.

 

Casos en que no aplica el secreto fiscal

 

A partir del 2014 el secreto fiscal no resulta aplicable respecto del nombre, denominación o razón social y clave del RFC de aquéllos contribuyentes que se encuentren en los siguientes supuestos:

 

1. Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes.

 

2. Que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que siendo exigibles, no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por el CFF.

 

3. Que estando inscritos ante el RFC, se encuentren como no localizados.

 

4. Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto a la comisión de un delito fiscal.

 

5. Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido cancelados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios.

 

6. Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal.

 

El SAT publicará en su página de Internet el nombre, denominación o razón social y clave del RFC de aquéllos contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos señalados anteriormente.

 

 Los contribuyentes que estuvieran inconformes con la publicación de sus datos, podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración que el SAT determine mediante reglas de carácter general, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga. La autoridad fiscal deberá resolver el procedimiento en un plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se reciba la solicitud correspondiente y, en caso de aclararse dicha situación, el SAT procederá a eliminar la información publicada que corresponda.

 

Uso indebido de comprobantes fiscales

 

Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

 

En tal caso, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado.

 

Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el DOF y en la página de internet del SAT, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se el párrafo anterior. En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

 

Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno.

 

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado referido, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan.

 

En caso de que la autoridad fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes, o no corrigió su situación fiscal, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos previstos en el CFF.

 

Acuerdos conclusivos

 

Dentro del principio de ofrecer todas las facilidades a los contribuyentes para regularizar su situación fiscal, se establece, como un medio alternativo de regularización durante el ejercicio de las facultades de comprobación, la figura de Acuerdos Conclusivos, mediante la adición de un Capítulo II, denominado “De los Acuerdos Conclusivos”, en el Título III del Código Fiscal de la Federación.

 

Cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX del CFF y no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse.

 

Sin perjuicio de lo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos u omisiones.

 

El contribuyente que opte por el acuerdo conclusivo lo tramitará a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). En el escrito inicial deberá señalar los hechos u omisiones que se le atribuyen con los cuales no esté de acuerdo, expresando la calificación que, en su opinión, debe darse a los mismos, y podrá adjuntar la documentación que considere necesaria.

 

En contra de los acuerdos conclusivos alcanzados y suscritos por el contribuyente y la autoridad no procederá medio de defensa alguno; cuando los hechos u omisiones materia del acuerdo sirvan de fundamento a las resoluciones de la autoridad, los mismos serán incontrovertibles. Los acuerdos de referencia sólo surtirán efectos entre las partes y en ningún caso generarán precedentes.

 

Las autoridades fiscales no podrán desconocer los hechos u omisiones sobre los que versó el acuerdo conclusivo, ni procederá el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, salvo que se compruebe que se trate de hechos falsos.

 

Para los contribuyentes que lleguen a suscribir un acuerdo conclusivo se establece como beneficio la condonación, en la primera ocasión, del cien por ciento de las multas y, en la medida de que no es limitativo y se puede ejercer en subsecuentes ocasiones; en la segunda y posteriores suscripciones aplicará la condonación de sanciones en los términos y bajo los supuestos que establece el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

 

Publicación de criterios para la reducción de multas

 

Se establece que los parámetros para el otorgamiento de la condonación de hasta el 100% de las multas, no sean de carácter interno y no sólo sea la autoridad la que conozca en qué casos procede la condonación, sino que sea a través de reglas de carácter general en las cuales se prevean estos supuestos, a efecto de eliminar cualquier posibilidad de discrecionalidad y otorgar certeza y seguridad respecto de su aplicación al contribuyente.

 

Sanciones por donativos irregulares

 

A efecto de alentar actitudes altruistas, que permitan la redistribución de la riqueza, con reglas claras, al tiempo de evitar irregularidades en los procesos de donación, se precisan las sanciones que corresponden a quienes pretendan realizar las deducciones de forma indebida sobre donativos, en perjuicio del fisco federal, para lo cual se reforman los artículos 81 y 82 para prever las infracciones y multas correspondientes.

 

Infracciones relacionadas con marbetes y precintos

 

A efecto de contar con mayores soportes legales en el combate a las conductas infractoras relacionadas con marbetes y precintos, se fortalecen los ordenamientos legales aplicables, con la incorporación expresa de las conductas que el SAT ha detectado, en el apartado de infracciones relacionadas con marbetes, precintos y envases de bebidas alcohólicas del artículo 86-A del CFF, así como la previsión de la sanción que tendrán.

 

Infracciones relacionadas con cigarros y tabacos labrados

 

Se establecen en el Código Fiscal de la Federación las conductas que se consideran infracciones a las disposiciones legales en materia de cigarros y otros tabacos labrados, y las sanciones y multas que corresponden a las mismas.

 

Responsabilidad por la comisión de delitos fiscales

 

Se incorporan las fracciones VIII y IX al artículo 95 del CFF, por tanto también serán responsables de los delitos fiscales, quienes:

 

1. Tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos sociales, en los delitos de omisión con resultado material por tener la obligación de evitar el resultado típico.

 

2. Derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, actos, operaciones o prácticas, de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal.

 

En lo referente al fenómeno delictivo de la simulación de actos jurídico en agravio del fisco, se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

 

Delito fiscal, desaparición del domicilio fiscal

 

Se modifica la fracción V del artículo 110 del CFF para sustituir el tipo penal de “desocupar el local” por el de “desaparecer del lugar”. Se precisa en qué casos se actualiza tal figura, al referirse al hecho de que la autoridad acuda en tres ocasiones consecutivas al domicilio fiscal del contribuyente dentro de un período de doce meses y no pueda practicar la diligencia correspondiente de manera personal.

 

Recurso de revocación

 

El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario, dentro de los treinta días (anteriormente cuarenta y cinco días) siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 del CFF, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo se señala.

 

Notificaciones

 

La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón tributario conforme las reglas de carácter general que para tales efectos establezca el SAT.

 

Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribuyente se autenticó para abrir el documento a notificar.

 

Los contribuyentes contarán con tres días para abrir los documentos digitales pendientes de notificar. La autoridad enviará por única ocasión, mediante el mecanismo de comunicación elegido por el contribuyente, un aviso de confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de éste.

 

En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo señalado, la notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, contado a partir del día siguiente a aquél en que le fue enviado el referido aviso.

 

Asimismo se modifica el artículo 137 del CFF,  estableciéndose que la notificación personal se realizará por citatorio cuando el notificador no encuentre al interesado o bien, de llevar a cabo el procedimiento previsto en el mismo, procederá la notificación mediante el buzón tributario.

 

Embargo precautorio

 

A efecto de que los contribuyentes tengan certeza jurídica respecto del procedimiento para realizar embargos precautorios, se establece cuáles son los supuestos en los que éste procede; hasta por qué montos se realiza; el orden que deberá seguirse al señalar los bienes; cómo se llevará a cabo su notificación, y el procedimiento para dejarlo sin efectos.

 

Se incluye el embargo de depósitos o seguros, como una vía para hacer efectivos los créditos fiscales, mismo que procederá únicamente por el importe del crédito fiscal y sus accesorios, dando certeza jurídica a los contribuyentes al establecer el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo dicho embargo ante las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, determinando los plazos para notificar al SAT y al contribuyente, así como para liberar los recursos embargados en exceso. Dicho embargo no se practicará respecto de aquellos créditos fiscales que hayan sido impugnados en vía administrativa o jurisdiccional y se encuentren garantizados.

 

Por otra parte, se reforma el artículo 172 para establecer que no sólo proceda la enajenación de la negociación intervenida como un todo, sino también los bienes o derechos de la misma, de forma separada. Lo anterior, para lograr una mayor eficiencia en el cobro de los créditos fiscales.

 

Por otra parte, se precisa en qué casos los bienes causan abandono y pasan a propiedad del fisco federal, eliminando una de las etapas procesales, con la finalidad de hacer más expedito este procedimiento y evitar impugnaciones que retarden el proceso de transferencia al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en los términos de la Ley de la materia.

 

Inmovilización de depósitos o seguros.

 

Se establece que no podrán inmovilizarse cantidades superiores al monto de lo adeudado, señalando la salvedad de que la autoridad tenga conocimiento de las cuentas que tengan los contribuyentes y los montos existentes en las mismas, lo cual sucede hasta el momento en que se ordena la inmovilización de dichos depósitos o seguros y la entidad financiera se lo informa a la autoridad fiscal.

 

Asimismo se precisa el procedimiento que deberá seguirse para notificar al contribuyente sobre la inmovilización de los depósitos o seguros y en qué cuentas y por qué importe se realizará, considerando que la inmovilización se puede efectuar en fondos de una o más cuentas, a efecto de darle certeza jurídica al contribuyente.

 

Del mismo modo, se establece el supuesto de que, cuando la autoridad fiscal tenga conocimiento de que se hubieren inmovilizado importes mayores al monto de los créditos fiscales y sus accesorios, se ordenará su liberación a la entidad de que se trate, estableciéndose plazos perentorios para ello.

 

Prescripción de créditos fiscales

 

Se establece un plazo máximo de diez años para que se configure la extinción de los créditos fiscales mediante la figura de prescripción, previéndose además que este plazo será susceptible de suspenderse por las causas que el mismo artículo establece, con el fin de fijar un límite temporal a la posibilidad de realizar el cobro de los créditos fiscales y de esta manera evitar que tal facultad se prolongue de manera indefinida, ello sin dejar de salvaguardar la posibilidad de que el referido plazo pueda suspenderse por causas imputables al propio contribuyente, que puedan convertirse en medidas dilatorias tendientes a evitar el pago.

 

Vigencia

 

Las reformas al Código Fiscal de la Federación entran en vigor el 1 de enero de 2014.

 

Fecha: 21 de diciembre 2013

 

Fuente:

 

Diario Oficial del Federación,

 

Gacetas Legislativas

 

Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2014

 

Autor

 

C.P. Aurelio Medina Hernández

 

www.redfiscal.com.mx

                                                            

.